DISFRUTA OLMUÉ

Se aprueba Lease-back para pagar Bono SAE a profesores


El pasado jueves 23 de agosto, en sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se aprobó por 4 votos a favor, uno en contra y una abstención, realizar un “Lease-Back” para poder pagar la deuda que adquirió la Municipalidad de Olmué, por un monto de 365 millones de pesos y fracción, al perder el juicio ante la demanda que 102 profesores presentaron en tribunales, por el pago del cuestionado Bono SAE.
Según se indica en el diccionario financiero, es una de especie de “retroarriendo”, el que es llamado “lease-back”, figura consistente en vender un activo y seguidamente arrendarlo nuevamente, de modo que se puede seguir utilizando.
Esta figura poco entendida y poco utilizada, es una alternativa para conseguir capital de trabajo sin incurrir en endeudamiento con una entidad financiera.
La empresa,(en este caso el Municipio) al vender un activo  y luego adquirirlo nuevamente en calidad de arrendamiento,  adquiere capital de trabajo sin prescindir del activo, puesto que continuará utilizándolo, y hasta se tiene la posibilidad de adquirirlo nuevamente al final del contrato de arrendamiento si se hace uso de la opción de compra, opción que también se puede pactar. El lease-back o retroarriendo es válido tanto en el arrendamiento financiero como en el arrendamiento operativo.
El bien municipal que se pretende pactar con alguna entidad financiera es un sector de la Villa Olímpica, el que aún no ha sido delimitado, lo que fue exigido por la concejala Sonia Muñoz, quien manifestó que es necesario que la comunidad esté informada de cual va a ser el sector que está comprometiendo el municipio para saldar esta deuda con los docentes.
En tanto la concejala Macarena Santelices, quien votó en contra, estima que no se debió poner en juego un bien municipal, ya que los dineros habrían llegado a las arcas municipales, e insiste en que se tiene que investigar qué pasó con esos recursos, lo que seguramente será materia de la auditoría realizada por la Contraloría, la que se extendió por más de un mes, por lo que habrá que esperar la resolución del organismo contralor para determinar responsabilidades al respecto.