El pasado jueves 23 de agosto, en
sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se aprobó por 4 votos a favor, uno
en contra y una abstención, realizar un “Lease-Back” para poder pagar la deuda
que adquirió la Municipalidad de Olmué, por un monto de 365 millones de pesos y
fracción, al perder el juicio ante la demanda que 102 profesores presentaron en
tribunales, por el pago del cuestionado Bono SAE.
Según se indica en
el diccionario financiero, es una de especie de “retroarriendo”, el que es
llamado “lease-back”, figura consistente en vender un activo y seguidamente
arrendarlo nuevamente, de modo que se puede seguir utilizando.
Esta figura poco
entendida y poco utilizada, es una alternativa para conseguir capital de
trabajo sin incurrir en endeudamiento con una entidad financiera.
La empresa,(en este caso el Municipio) al
vender un activo y luego adquirirlo
nuevamente en calidad de arrendamiento,
adquiere capital de trabajo sin prescindir del activo, puesto que
continuará utilizándolo, y hasta se tiene la posibilidad de adquirirlo
nuevamente al final del contrato de arrendamiento si se hace uso de la opción
de compra, opción que también se puede pactar. El lease-back o retroarriendo es
válido tanto en el arrendamiento financiero como en el arrendamiento operativo.
El bien municipal
que se pretende pactar con alguna entidad financiera es un sector de la Villa
Olímpica, el que aún no ha sido delimitado, lo que fue exigido por la concejala
Sonia Muñoz, quien manifestó que es necesario que la comunidad esté informada
de cual va a ser el sector que está comprometiendo el municipio para saldar
esta deuda con los docentes.
En tanto la
concejala Macarena Santelices, quien votó en contra, estima que no se debió
poner en juego un bien municipal, ya que los dineros habrían llegado a las
arcas municipales, e insiste en que se tiene que investigar qué pasó con esos
recursos, lo que seguramente será materia de la auditoría realizada por la
Contraloría, la que se extendió por más de un mes, por lo que habrá que esperar
la resolución del organismo contralor para determinar responsabilidades al
respecto.
